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Según una encuesta que se ha dado a conocer desde Save the Children, 1 de cada 4 padres ha perdido los nervios con los hijos durante el confinamiento, llegando a gritar, insultar o incluso a dar un cachete al menor.

«Se estima que solo el 15% de casos se llegan a denunciar y el confinamiento ha hecho que los niños y niñas que sufren violencia en sus hogares tengan que convivir 24 horas al día con quien les agrede y que no tengamos ojos y oídos para poder detectar estas situaciones», nos explica Cristina Sanjuan, técnica de Incidencia Política experta en violencia contra la infancia de Save the Children.

«Si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria y su consecuente confinamiento, es que la violencia contra la infancia sigue siendo una realidad invisible en España y que los niños y las niñas no pueden esperar más. Es ahora cuando debe producirse este cambio político, legislativo y social, por una ley que proteja a la infancia frente a la violencia», nos cuenta Sanjuan en referencia a la nueva Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia que acaba de aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros.

«En 2018 se presentaron casi 38.000 denuncias por delitos que tenían como víctima a una persona menor de edad, y estos datos son solo la punta del iceberg», explica Sanjuan.

No existen datos reales, ya que el terrorífico entorno social donde se desenvuelve un tipo de violencia contra el menor, la pederastía (1 de cada 2 agresiones sexuales en España es a niños y adolescentes), se produce en el ámbito familiar y escolar y estos casos casi nunca se denuncian. Por datos como estos hace tiempo que Save the Children batalla por la aprobación de esta ley.

«Una ley que proteja de manera integral a la infancia es una necesidad desde hace mucho tiempo. El propio Comité de los Derechos del Niño lleva recomendando a España, desde 2010, una legislación para combatir la violencia contra la infancia y adolescencia», apunta la técnica de Save the Children.

¿Cómo puede cambiar esta ley la vida de algunos menores?

Según Sanjuan, la nueva ley sitúa a España a la vanguardia de la protección a la infancia. ¿Cómo logra esta protección la nueva ley? Contemplando la violencia contra niños y niñas desde todos los ámbitos (familiar, sanitario, educativo, etc.) y abordando la prevención, detección, actuación y restauración frente a la violencia contra la infancia. Algunas de las novedades más importantes de esta nueva Ley son:

  • Los delitos graves prescribirán cuando la víctima cumpla 30 años. Cuando un niño sufre abusos a menudo se siente culpable, avergonzado o tiene mucho miedo a explicar lo que le pasa. Por eso puede tardar años en hablar, cuando el delito puede haber prescrito. Por eso esta nueva ley establece que el delito no prescribirá hasta que la víctima cumpla 30 años. Además, dejará de existir el perdón de la víctima menor como causa de extinción de la responsabilidad criminal.
  • Será obligatorio denunciar los casos de violencia por parte de todos los ciudadanos. Cualquier persona y en especial, los y las profesionales que trabajan con infancia, deben comunicar a las autoridades la sospecha de que un niño o niña está sufriendo. «La ley es la oportunidad para sensibilizar y prevenir la violencia, facilitar la denunciar y romper el silencio que invisibiliza la violencia. La protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia es responsabilidad de toda la sociedad», recuerda Cristina Sanjuan.
  • Se exigirán más garantías para trabajar con menores. Tanto en el sector público como el privado, tanto personas contratadas como trabajadores por cuenta ajena, incluso los voluntarios, deberán acreditar los requisitos de no haber cometido delitos contra la libertad sexual antes de acceder a trabajar con menores.
  • Una nueva figura: el delegado de protección. Los centros de menores deberán implantar planes para detectar casos de abusos y violencia contra menores. Y en los centros de actividades deportivas o de ocio dirigidos a menores un delegado de protección se encargará de detectar casos de violencia ejercida contra los niños.
  • Más facilidades en caso de ir a juicio. Jueces y fiscales de una unidad especializada recibirán formación específica para proteger a la infancia frente a la violencia. Además, los menores podrán tener asistencia jurídica gratuita independientemente de la situación económica de la familia y se garantizará que solo deban relatar los hechos una vez ante el juzgado de instrucción.

¿Por qué se la conoce también como la ley James Rhodes?

El pianista británico James Rhodes (1975), que reside en Madrid, fue agredido por su profesor de gimnasia del colegio privado masculino desde los 5 años. Durante cuatro años le sometió a continuas violaciones. Ese sufrimiento, por la inexistencia en su país de una ley como la prevista y que será pionera, le costó a Rhodes graves perjuicios morales, autolesiones y “hasta tres operaciones de espalda” para reparar el daño que le infligió su torturador. Rhodes deseaba ahorrar ese sufrimiento a otros menores que en España (1 de cada 5) sufren la lacra del “abuso sexual”.

“Muchos no quieren hablar sobre esto, o nos da vergüenza, o sentimos culpa u odio, o nos suicidamos”, dice Rhodes en su libro autobiográfico en alusión a los varios intentos por acabar con su vida.

Por eso, junto a organizaciones de infancia como Save The Children y la Fundación Vicki Bernadet, nombre que porta el de otra víctima infantil como él, impulsó la aprobación de la Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia. De ahí que esta nueva ley se conozca también como la “Ley James Rhodes”.