Quemas en el Delta: Los humedales necesitan una ley que no sea humo 

El debate sobre la protección de los humedales tomó mayor relevancia pública en los últimos años. Tristemente, en muchos casos, como estas semanas, se debe al humo y a las imágenes de estos ecosistemas afectados por los incendios, como los nuevos focos en el Delta del Paraná, que ya afectaron más de 100.000 hectáreas en lo que va del año, o el caso de Corrientes o los ocurridos en la Reserva de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Todos estos humedales tienen algo en común, que va más allá de las características que los definen y categorizan: se encuentran bajo un total desamparo por la ley y la fuerza política nacional.

En Argentina, representan aproximadamente el 21% del territorio. Cumplen roles fundamentales para el desarrollo de las personas: suministran agua, ofrecen regulación hidrológica regional y climática, alimentos y medicinas, nutrición del suelo, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, amortiguación de inundaciones ya que regulan las cuencas hídricas, retención de carbono, control de la erosión costera y  recarga de acuíferos.

Sin embargo,  al no contar con una normativa nacional, el conocimiento que tenemos sobre estos ecosistemas es limitado. No se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción.

Recientemente, el Ministro de Ambiente de la Nación anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley, que cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y se sumará a los ya presentados anteriormente. 

Sin embargo, este proyecto cuenta con varios elementos que son cuestionables desde la perspectiva ambiental. No contempla una moratoria y tampoco especifica plazos para la realización de un inventario nacional, fundamental para conocer los humedales de nuestro país, además de determinar zonas prioritarias para la conservación. 

Otro cambio preocupante refiere a la definición de los humedales, que fue modificada en detrimento del cuidado de estos ecosistemas. En dicha definición, se ha minimizado la importancia de la biota y el rol de los suelos hídricos. Si un territorio se seca, por ejemplo, no significa que no tenga la oportunidad de recuperar su caudal hídrico con el paso del tiempo. Sin embargo, si este cambio de denominación incluido en el proyecto de ley facilita el avance de emprendimientos, principalmente inmobiliarios y ganaderos,  sobre esos terrenos, las alteraciones en el uso del suelo modificarían la función del humedal y este no tendría la oportunidad de regenerarse.  

A su vez, este proyecto elimina 11 principios y 9 objetivos importantes, que se focalizaban en generar mecanismos de protección y regulación para las actividades sobre humedales. 

La participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones debe ser requisito fundamental, ya que así lo amparan normativas nacionales e internacionales. Para la elaboración de dicho proyecto, no fueron realizadas consultas populares. Tampoco fueron convocadas las principales organizaciones que impulsan el reclamo por una ley de humedales. 

No cabe duda que los humedales requieren protección legal. Pero necesitamos de una normativa nacional que priorice la preservación de estos ecosistemas y que incluya  la figura del delito penal con multas significativas para quienes cometan un daño a los humedales y para quienes inicien incendios intencionales. También, es necesario que contemple una moratoria y un inventario nacional. 

En medio de una crisis climática, sanitaria y ambiental planetaria, ha quedado demostrado que las políticas públicas deben estar a la altura y priorizar a las personas y al planeta. En nuestro país, podemos dar el ejemplo, al legislar y generar mecanismos de protección efectivos para nuestros ecosistemas. Los humedales lo necesitan.