Greenpeace solicita al Congreso de la Nación la sanción de una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena

 Mayo 2020- Los mbya guaraníes que viven en territorio de Tekoa  Ka´a Kupe, en Campo Grande, Misiones, se ven afectados por la extracción forestal realizada por la empresa CARBA S.A., autorizada por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables sin su consentimiento

Mediante una carta enviada al Congreso de la Nación Greenpeace solicita la urgente sanción de una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160).

Su caducidad implicará un tremendo, injusto e ilegítimo avance sobre las tierras de las comunidades indígenas a través de eventos represivos como los que ya vienen ocurriendo

En la carta se expresa que:

“Teniendo en cuenta que en Argentina existen más de 40 pueblos indígenas; los cuales comprenden gran parte del territorio, su población y su cultura.

Reconociendo que las estructuras de poder dominantes que provocaron los
desequilibrios ambientales y sociales actuales son, con frecuencia, las mismas estructuras de poder opresivas que despojaron, y continúan despojando, a los pueblos indígenas
de sus derechos y denigran sus culturas.

Recordando que en muchas de las campañas de Greenpeace se realizaron alianzas respetuosas con pueblos indígenas, que tuvieron como resultado victorias permanentes para las personas y la naturaleza.

Reconociendo que el mundo natural es la base de muchas formas de vida de los pueblos indígenas; que su derecho de autodeterminación, de acceso a la tierra y a los recursos naturales es único y con una historia compleja; y reconociendo los beneficios ecológicos que son resultado de la protección histórica de los pueblos originarios, del conocimiento tradicional y el uso sustentable de la tierra.

Greenpeace apoya un acuerdo justo y equitativo de los derechos indígenas pendientes y cuestiones relacionadas con los títulos y reclamos constitucionales como algo fundamental para desarrollar sociedades sustentables.

La organización adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad, como individuos y colectivamente como pueblos distintos y al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, inclusive sobre cualquier proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, maderas, peces, agua o de otros recursos. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus
tierras o territorios tradicionales.

En este marco, solicitamos al Congreso de la Nación la urgente sanción de una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160). Su caducidad implicará un tremendo, injusto e ilegítimo avance sobre las tierras de las comunidades indígenas a través de eventos represivos como los que ya vienen ocurriendo.

Para ello resulta necesario:

1) Se asignen los recursos necesarios para llevar adelante los relevamientos.

2) Se garantice la suspensión de los desalojos.

3) Se remuevan los obstáculos que impiden el avance de los relevamientos de los territorios indígenas.

4) Se garantice la participación de las comunidades indígenas en los relevamientos y el respeto por sus derechos y costumbres.”