A 15 años de la Ley de Bosques, es clave penalizar los desmontes ilegales

Hernán Giardini y Noemí Cruz, coordinadores de la campaña de Bosques de Greenpeace .

Por Lic. Hernán Giardini, Coordinador Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina 

La sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) fue un avance fundamental en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que logró superar el poderoso lobby en su contra desde el sector agropecuario, mediante una intensa campaña de más de cien organizaciones sociales, ecologistas, académicas, campesinas e indígenas de todo el país, que reunió un millón y medio de firmas en su apoyo.  

Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas, fundamentalmente en la región del Gran Chaco, por el avance de la frontera agropecuaria: soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa. El 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

En ese sentido, la Ley de Bosques se elaboró con el objetivo de “promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; e implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.

A quince años de su implementación, podemos destacar que todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, prohibiendo los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales del país. Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas habilitadas para el desmonte. 

Por otra parte, en los mapas de ordenamiento territorial no se realizaron mediante procesos efectivamente participativos, que garantizaran el acceso a la información y a los talleres de toda la población interesada, sobre todo de pueblos originarios y comunidades campesinas. También es importante resaltar que muy pocas provincias realizaron la actualización de sus Ordenamientos, que según la reglamentación de la ley debe hacerse cada 5 años. 

Si bien desde el año 2014 se evidencia una interesante disminución de los desmontes, la mitad aún se realizan donde no está permitido. A eso se suma que, desde 2020 la gran cantidad de incendios forestales produjo un crecimiento importante de la pérdida de bosques nativos. Se estima que el 95% se producen por factores humanos (intencionalidad, accidente, negligencia); y el cambio climático y la sequía aumentan su intensidad y severidad. 

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Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. Y en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios en la violación de la normativa, mediante la realización de recategorizaciones prediales para permitir desmontes en bosques protegidos; la autorización de desmontes para ganadería intensiva (manejo silvopastoril) y para desarrollos urbanísticos donde no está permitido; la autorización de desmontes en territorios indígenas; y la elaboración de Ordenamientos que permiten deforestar en amplias zonas.

Cabe destacar que Argentina firmó hace un año, en la Cumbre Climática realizada en Glasgow, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Aunque siete años es demasiado tiempo y el acuerdo no es vinculante, significa un primer paso en la dirección correcta. Es por ello que las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales provinciales deben realizarse con el objetivo de ponerle fin a los desmontes y promover un verdadero manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos. 

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. 

En suma, destruir bosques es un crimen, por lo cual es clave que los gobiernos provinciales cumplan estrictamente la normativa y que se penalicen tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales.